La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción cumplió una década de funcionamiento en el Poder Judicial de Tucumán. Ese plazo coincide con la antigüedad de su diseñador, Edmundo Jiménez, en el cargo-fusible de ministro de Gobierno y Justicia. Este no es un tribunal más: en los hechos, su sala única con tres vocalías funciona como una especie de “Corte” especializada en la revisión de la investigación penal preparatoria de los tres centros judiciales de la provincia (capital, Concepción y Monteros). Ese enorme poder -no exento de controversia- subyace en el proceso de selección destinado a cubrir el cargo que dejó vacante Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro, cuando renunció a la magistratura para jubilarse con el beneficio del 82% móvil.

El concurso que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) abrió el 21 de febrero ha avanzado con lentitud. Especialmente ardua fue la definición del tribunal evaluador: luego de la negociación interna y de la sustanciación de las impugnaciones, este quedó integrado por una mayoría de miembros titulares foráneos (la reglamentación exige un mínimo de uno). Esa precaución inspirada en el deseo de otorgar mayor garantía de imparcialidad operó finalmente en contra de la corrección de la oposición y del concurso, según Guillermo José Acosta, postulante y juez de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de Concepción.

En el escrito mediante el que impugnó la calificación de su prueba, Acosta acusó a los evaluadores de ignorar el Derecho en vigor. “Los miembros del jurado expresan desconocimiento de la ley procesal provincial, de su interpretación y de la jurisprudencia local, en especial, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, manifestó Acosta, que en la etapa de la oposición obtuvo sólo 16 de los 55 puntos en juego.

Si su impugnación no consigue mejorar esa nota, el aspirante a camarista se quedará afuera del proceso de selección. Ocurre que, para pasar a la entrevista con los consejeros, la ley exige a los postulantes al menos 27 puntos en la calificación del examen y 54 en total (examen más evaluación de los antecedentes).

Peligro de judicialización

El CAM compuso el jurado de este concurso estratégico con las siguientes “piezas”: Daniel Obligado (titular) y Alicia Freidenberg (suplente) por los magistrados; Adrián Norberto Martín (titular) y Ana Lía Castillo de Ayusa (suplente) por los académicos, y Ángel Paliza (titular) y Diego Lammoglia (suplente) por los abogados (tanto Obligado como Martín proceden de la capital argentina). Cada jurado titular debía presentar dos casos prácticos para que los concursantes proyectasen una resolución o sentencia como deberían hacerlo si estuviesen en ejercicio del cargo para el que se postulan.

Acosta objetó los dos casos sorteados el 23 de septiembre, día en el que el CAM administró la oposición correspondiente a este proceso. Pero en particular atacó el primer tema, donde la solución que elaboró recibió sólo dos de los 20 puntos posibles. El juez dijo que en ese caso aplicó el último párrafo del artículo 367 del Código Procesal Penal de Tucumán que habilita a declarar inadmisible el recurso de apelación presentado contra un auto de elevación a juicio.

“Esta decisión resulta inapelable (según la ley citada)”, expresó. Y agregó que la prescripción legal fue añadida a posteriori de la sanción del código. “¡Estoy en condiciones de decir que el jurado ignoraba esa reforma!”, insistió. Según su punto de vista, los evaluadores premiaron a los candidatos que violaron los límites legales y castigaron a los que se sometieron a ellos. “Es una falta de respeto hacia los postulantes”, opinó y advirtió que el jurado modificó la consigna durante la corrección de la oposición para justificar la incorrecta asignación de puntajes.

El concursante defendió la solución que él dio al tema en cuestión (rechazo del recurso por ser inapelable el auto de elevación a juicio) esgrimiendo que era improcedente tratar el asunto de fondo que planteaba el enunciado, como pretendía el jurado. “Aquello supone actuar en contra de la ley procesal”, alegó. También dijo que los evaluadores criticaron su redacción de los “autos y vistos”. Al respecto, subrayó que su texto de una carilla y media siguió el estilo de los Tribunales locales (acompañó fallos emitidos por la Cámara de Apelaciones) y que le sorprendía que el miembro tucumano del jurado (Paliza) no hubiese advertido tal circunstancia a sus colegas foráneos.

El impugnante aseguró que la situación era inédita y que los reproches que le hizo el jurado se aplican a la propia Cámara de Apelaciones integrada en el presente por Eudoro Albo (consejero del CAM) y Liliana Vitar (presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán). Además, interpretó que el concurso quedó en condiciones de ser declarado nulo y que el vicio en la calificación de la prueba de oposición afectaba a los 14 concursantes que rindieron el examen (ver “Orden de mérito...”).

Del portal oficial del CAM (www.camtucuman.gob.ar) surge que, además de Acosta, impugnaron la calificación de los antecedentes y de la oposición (no discrimina entre ambos) los candidatos Wendy Adela Kassar, Enrique L. Pedicone, Benjamín E. Núñez Arévalo, Walter E. Ojeda Ávila y Miguel A. Varela. Los cuestionamientos a las notas de la prueba escrita han de ser girados al jurado; luego de que este se expida, el CAM resolverá si hace o no lugar a las impugnaciones. Acosta anticipó a este diario que judicializará el concurso si el órgano de selección de jueces no rectifica la calificación de su oposición.

El gremio judicial del sur exige mejoras laborales

A través de un documento, la Seccional 5º de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) expresó su malestar por las condiciones laborales y sanitarias en que desempeñan sus funciones los trabajadores de judiciales. “Hoy se pueden advertir en las distintas unidades judiciales que aún existen trabajadores asesinados en oficinas de pequeños espacios, en los cuales deben atender al público en numerosas audiencias y junto a sus abogados donde se ventilan situaciones familiares, de violencia, de niñez y hasta sexuales, entre otros temas que no deben ser ventilados públicamente de manera masiva. O sea no existe la privacidad para los justiciables”, se quejó el secretario adjunto de la UJEN, Omar Maldonado. “En una visita sorpresiva, se podrán advertir las numerosas y graves falencias en la provisión de adecuados elementos de trabajo, para necesaria protección de los agentes judiciales que se desempeñan, por ejemplo, en la morgue del centro judicial concepción”, planteó Maldonado.

“Una gauchada política”

“En Tucumán y en el país, los derechos humanos son palabras declamativas. En nuestra provincia existe una policía represora y corrupta, con una plana mayor denunciada y moralmente cuestionada. El jefe y subjefe de Policía, designados recientemente, son productos de una gauchada política, y el señor gobernador no quiere depurar la policía no desmantelar el aparato represivo”, opinó el ex candidato a diputado nacional, Gumersindo Parajón. “Los jueces federales absolvieron en nuestra provincia a los civiles delatores y a los asesinos intelectuales de los desaparecidos”, fustigó.

ORDEN DE MÉRITO PROVISORIO

SÓLO OCHO ASPIRANTES ESTARÍAN EN CONDICIONES DE SER ENTREVISTADOS POR EL CONSEJO

De la nómina provisoria que confeccionó el Consejo Asesor de la Magistratura surge que sólo pasarían a la entrevista los candidatos Juan Carlos Nacul (81 puntos); Gustavo Aldo Simón Romagnoli (75,5); Enrique Pedicone (58,5); Roberto Flores (58,25); Walter E. Ojeda Ávila(56,5); Benjamín E. Núñez Arévalo (55,5); Miguel Ángel Varela (54,5) y Luis F. Morales Lezica (54). Si no revierten sus calificaciones, quedarían afuera del concurso de la Cámara de Apelaciones los aspirantes Wendy Adela Kassar; Guillermo José Acosta; Fernando Rodolfo Rivera; Enrique Cacici; Carlos Guido Cattáneo y Augusto José Paz Almonacid.